Trabajadores y trabajadoras pobres y empobrecimiento en España

Estudio “Trabajadores pobres y empobrecimiento en España” realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luis de la Fuente, Alicia Martínez, Amaia Otaegui y Elvira S. Llopis. Destaco algunas de las demoledoras conclusiones:

 El acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza.

 En el proceso de empobrecimiento (…)  está asociado fundamentalmente a la precariedad laboral y socioeconómica.

 Las erróneas e injustas medidas tomadas –laborales, de protección social y recorte de servicios públicos– contribuyen al incremento de trabajadores y trabajadoras pobres.

 Consolida procesos irreversibles: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención descualificada de las personas en situación de dependencia, la deprivación cultural…

 El crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un mercado de trabajo, un modelo productivo y un modelo social muy vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la crisis.

 Se está produciendo una fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora. La alta precariedad del empleo, que sigue siendo una característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen de relieve esta tendencia. A ello se añaden los cambios que se están produciendo en el marco de relaciones laborales de España, que modifican sustancialmente las relaciones de poder y los ámbitos y capacidad de la negociación, (dando más poder al empresariado), y con ello, obstaculizan la capacidad de asegurar la calidad de trabajo y de vida de las personas.

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 La reforma laboral decretada recientemente supone un fuerte recorte de derechos laborales y sociales. Lejos de solucionar las debilidades del mercado laboral, la reforma precariza el acceso al empleo, aumenta la  segmentación del mercado de trabajo, abarata el despido, otorga al empresario un poder absoluto sobre las condiciones laborales de los trabajadores en materias básicas (incluyendo el salario), quebranta el derecho a la negociación colectiva y termina con la ultraactividad de los convenios. Se configura así, un nuevo marco de derecho laboral que permite ahondar en el riesgo de pobreza de los trabajadores y las trabajadoras, sobreendeudados en un contexto de alza de los precios de los productos más básicos.

 El trabajo por cuenta propia, la temporalidad, la inestabilidad y la parcialidad son condiciones laborales que se encuentran asociadas a mayor nivel de riesgo de pobreza. Por lo otro lado, también son claves las circunstancias de los entornos familiares, como la intensidad de empleo en el hogar, que se ha visto reducida gravemente en estos últimos años debido a la elevadísima destrucción de empleo.

 La calidad de los servicios públicos está en juego: las medidas que se están llevando a cabo, están suponiendo pasos firmes hacia el desmantelamiento del sector público, y la mercantilización total o parcial de gran parte de los servicios asociados a él, lo que los hará inaccesibles para los grupos sociales más vulnerables, profundizando así en la situación de riesgo de pobreza.

 Los diferentes recortes implicarán la vuelta de las mujeres a las labores de cuidado en el hogar. El coste de oportunidad de participar en un mercado de trabajo especialmente precarizado para ellas, el incremento de las tasas educativas, la supresión de la educación infantil pública así como las becas de comedor, los recortes en la atención a la dependencia. El incremento de la carga de trabajo reproductivo para compensar los bajos ingresos salariales, o la posible regulación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo, dibujan un panorama que parece llamar a una desactivación de las mujeres en el mercado laboral regularizado.

 Los problemas económicos de los hogares pueden agudizar el problema demográfico en España. Las dificultades de las familias hacen preveer un descenso aún más marcado de la natalidad, y con ello un envejecimiento creciente de la población en España. No se trata de un asunto baladí, ya que dificulta la sostenibilidad económica de la protección social de jubilación. Mientras recaiga el cuidado tanto de la vejez como de la niñez sobre las mujeres en los hogares -cada vez más empobrecidos- no cabe sino esperar un retroceso en la natalidad. Esta evolución puede verse especialmente afectada por una ley de interrupción voluntaria del embarazo regresiva, que dificulte la capacidad de elección de las mujeres, implique un pago cuantioso para las intervenciones y deteriore la salud de las mujeres.

 Las barreras económicas para el acceso a la educación de calidad tiene importantes consecuencias para los hogares y el futuro del país. Las reformas educativas atentan directamente contra la calidad y el acceso a un servicio público clave para la asegurar la igualdad de oportunidades. El aumento de las tasas en la educación superior sienta las bases de un sistema educativo elitista y semiprivatizado, que deja fuera a las personas de hogares con menos recursos y coarta la autonomía universitaria para la investigación y reflexión en campos que podrían ser fundamentales para un cambio de modelo productivo y social más sostenible, igualitario y libre.

 Las consecuencias de estas medidas ya se están haciendo palpables, mientras la cobertura social se adelgaza. El aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social implica un incremento de la demanda de servicios sociales, que sin embargo, se están viendo seriamente afectados por los recortes. La sanidad, la educación, la atención a la dependencia, pilares básicos del Estado de Bienestar, ya ha sufrido importantes recortes que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de las personas, aseguran la igualdad de oportunidades y son los principales garantes de la cohesión social. Las consecuencias de la quiebra de estos principios acarrea consecuencias sociales y económicas de gran calado.

 Las pensiones y las prestaciones por desempleo han supuesto en España una de las claves para contener las situaciones de pobreza de las personas en los márgenes del mercado de trabajo y sus familias. Los límites para el acceso a los derechos de cobertura por desempleo así como el incremento del gasto familiar por prestaciones sociales ya no cubiertas (en materia educativa o sanitaria) merman la capacidad de supervivencia de las más de 5,5 millones de personas en situación de desempleo y de los 475 mil hogares con todos sus miembros en paro. A esta dramática situación se suma la previsión de importantes recortes tanto en la cobertura por desempleo como en el sistema de pensiones, cuyas consecuencias pueden incrementar gravemente las situaciones de pobreza en los hogares.

 A la altísima tasa de desempleo se añaden el fuerte endeudamiento de las familias y las medidas impositivas regresivas. Esta situación no sólo agrava la inequidad social, sino que implica una contracción del consumo y con ello una prolongación de la recesión económica. El mantenimiento y refuerzo de un sistema de recaudación fiscal insuficiente e injusto no hace sino empeorar la situación, con las reducciones en los gravámenes de sociedades, patrimonio o donaciones y sucesiones, a lo que se suman las recientes medidas de amnistía fiscal.

 Las perspectivas de aumento del paro, de descenso de las rentas de los hogares para los próximos años, así como las previsibles nuevas políticas de recortes, supondrán un empobrecimiento general de la población española y descenso sustancial de la calidad de sus condiciones de vida. Los datos existentes hasta la fecha permiten apuntar que al finallizar 2012 es previsible que se haya alcanzado una tasa de pobreza cercana al 28%, y cabe esperar que, ante los importantes recortes sociales, el ritmo de aumento de la pobreza se acelere significativamente en los próximos años. Igualmente, estos datos permiten reforzar la importancia de otros factores (como el Salario Mínimo Interprofesional) que tiene un impacto positivo en la reducción de la pobreza.

 El escenario de crisis económica está siendo aprovechado para realizar un profundo cambio del modelo social. El recorte presupuestario, el aumento de los impuestos, la reforma laboral y la drástica reducción del gasto social suponen una remodelación del Estado de Bienestar, si no su propio desmantelamiento. La política de recortes no es otra cosa sino un cambio sustancial del modelo de intervención del Estado, un impulso ideológico de que se dirige hacia la protección individual del riesgo y la cobertura de las necesidades a través de la iniciativa privada.

 El trabajo decente o de calidad parece haberse convertido en un lujo para quien lo mantiene y una quimera irreivindicable para quien quiere acceder a él. Es necesario romper con esta situación: es imprescindible voluntad política para convertir el trabajo decente en una apuesta de futuro. No se trata tan sólo potenciar una economía capaz de crear puestos de trabajo, sino puestos de trabajo de calidad, que garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que se extienda la protección social y que promueva el diálogo social. El empleo de calidad es clave para generar un modelo económico sostenible con una salida más justa e igualitaria de la crisis, centrado en las condiciones de vida de las personas y capaz de mantener la cohesión social.

 

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