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V Declaración de la Cumbre Social 10 diciembre 2012

La presente cumbre se celebra tras la huelga general del 14N y en medio de un clima de conflicto social permanente ante las agresiones que desde el Gobierno y ejecutivos autonómicos se están infringiendo a los más diversos derechos sociales y colectivos.

La Cumbre Social (@SocialcumbreS) ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la huelga general del pasado 14 de noviembre, pues considera que, junto a la alta participación en la huelga -incluyendo una importante presencia de los/as trabajadores/as autónomos/as- se sumaron millones de ciudadanos y ciudadanas en forma de huelga de consumo y en las manifestaciones que se celebraron a lo largo de toda la jornada y en toda la geografía del Estado. El 14N ha sido la mayor y más contundente “enmienda a la totalidad” a las políticas del Gobierno.

La Cumbre ha valorado igualmente las importantes y generalizadas movilizaciones que convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos tuvieron lugar el día 14 de noviembre en casi todos los países europeos.

Pese al éxito de la convocatoria, el Gobierno no ha dado síntomas de interpretar el rechazo que merecen sus políticas y mantiene la lógica de recortes acompañada de una fuerte ofensiva ideológica y privatizadora, sin admitir ningún cambio en el proyecto de presupuestos para el año 2013, elaborados bajo la presión de la troika europea.

La nueva Ley de Tasas Judiciales, así como del contenido del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Justicia Gratuita, suponen un recorte en el acceso al servicio público de la justicia y un claro retroceso del Estado de Derecho, pues limita gravemente y en muchos casos deja fuera de las posibilidades reales de acceso a la justicia, a amplios colectivos sociales en controversias que son esenciales para su estabilidad básica, pues están vinculadas a las rentas que garantizan su subsistencia y la de sus familias. Esta situación afecta de manera muy especial a las mujeres y sus hijos en edad infantil, debido a que su capacidad económica resulta siempre precaria, e incluso evidentemente empobrecida, ocupando el protagonismo de la nueva pobreza. Además forman parte de la ofensiva que el Gobierno del Partido Popular está dirigiendo contra los bienes y servicios básicos, el Estado de Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, ofensiva en la que está teniendo especial protagonismo el Ministerio de Justicia mediante medidas restrictivas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva con la excusa de la reducción del déficit público, lo que ha dado lugar a la oposición de innumerables colectivos sociales y a aquellos directamente relacionados con la administración de justicia.

Los miles de desahucios que se han producido en los últimos años son una de las consecuencias más graves de la actual crisis económica y uno de los hechos más injustos de la burbuja inmobiliaria alentada por el sector financiero. Estas dramáticas situaciones han querido ser afrontadas por el gobierno a través de un reciente Real Decreto Ley. Sin embargo hay que decir que esta norma no da respuesta a los problemas de la mayoría de las personas afectadas y no responde a las denuncias, protestas y propuestas de cambio que desde hace años vienen impulsando las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, ni a las diversas iniciativas legislativas surgidas desde los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados o recogidas en el texto de la Iniciativa Legislativa Popular de la que han sido promotores numerosas organizaciones y colectivos. Por ello, sigue siendo urgente adoptar medidas transitorias integrales, en tanto no se modifique la legislación en materia de ejecución hipotecaria y esta medida, no puede ser otra que la suspensión temporal de todos los procesos de ejecución en marcha.

Las medidas de privatización del Sistema Nacional de Salud que, tras iniciarse por el gobierno del PP en el País Valenciano, se van extendiendo por otras Comunidades Autónomas y muy en especial en Madrid y Castilla La Mancha, están obteniendo una respuesta masiva de los y las profesionales del sector y el apoyo de muchísimos/as usuarios/as y del conjunto de la ciudadanía. Estas medidas unidas a los recortes introducidos en los últimos meses por el Gobierno en materia de copago farmacéutico y de determinados servicios, la ruptura de la universalización de la cobertura publica o la fragmentación de la cartera de servicios para establecer la participación económica de los/as usuarios/as, están cambiando el modelo de Sistema Nacional de Salud, universal, público y gratuito y deteriorando la calidad de la atención.

Los efectos de la moratoria en la aplicación de la ley los recortes de prestaciones en el Sistema de Atención a la Dependencia están afectando ya a cientos de miles de personas en situación de dependencia y a sus familias. Decenas de miles de cuidadoras y cuidadores familiares se han tenido que dar de baja en los convenios de seguridad social, con las negativas consecuencias que ello va a suponer para tener derecho a pensión. Los recortes en la financiación de la atención a la dependencia y en servicios sociales están teniendo también consecuencias en el cierre de centros, programas y servicios públicos y concertados. Miles de personas con discapacidad y familiares se han manifestado en Madrid para denunciar el creciente deterioro de las prestaciones y servicios a las que tienen derecho. Este retroceso en la atención a la dependencia tiene, además, unas evidentes consecuencias en la autonomía de las mujeres, ya que de forma muy mayoritaria son las que se siguen encargando de los cuidados de las personas dependientes.

Los datos sobre población en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España hechos públicos el día 3 de diciembre por la Comisión Europea, que confirman los contenidos en la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, indican que se encuentran en esa situación el 27% de la población de nuestro país, 12’4 millones de personas, habiéndose incrementado el porcentaje en 4’1 puntos desde el año 2008. Estos datos revelan el fracaso de las políticas económicas de ajuste que se están siguiendo con la destrucción de empleo que conlleva y las consecuencias de los recortes sociales.

El Ministro de Educación, tras unas semanas en un segundo plano por las generalizadas críticas y movilizaciones contra sus propuestas, vuelve a proponer una serie de medidas, que además de vulnerar los legítimos derechos lingüísticos de Comunidades Autónomas, suponen la implantación de un modelo educativo  basado en una ideología ultraconservadora y clasista. Esta propuesta de reforma del sistema educativo, ha recibido el generalizado rechazo de la comunidad educativa. En un asunto de tanta trascendencia para el país, hoy es más necesario que nunca el diálogo y el consenso de las fuerzas políticas, sociales y educativas para  alcanzar un Pacto Social por la Educación. Este Pacto debe contener las medidas que precisa nuestro sistema educativo para reducir nuestra tasa de fracaso escolar y abandono temprano, los problemas más acuciantes de nuestra educación. Además, nuestro sistema educativo debe dotarse de los medios humanos y materiales suficientes para mejorar la atención educativa a nuestros estudiantes con el fin de reforzar la necesaria cualificación profesional que contribuya a erradicar nuestra alta tasa de paro juvenil.

Los presupuestos para el año 2013 han incluido una importante reducción de las partidas para las políticas de igualdad  y para los programas de prevención y atención a las victimas de violencia de género, que se añaden a las realizadas en los presupuestos del año actual.

A todo lo anterior se ha sumado la decisión de no revalorización de las pensiones según la evolución del IPC, que vulnera el Pacto de Toledo y supone un nuevo incumplimiento de los compromisos electorales del PP. La falta de revalorización se suma a la implantación del copago para los pensionistas en el Sistema Nacional de Salud. Tampoco resulta admisible la modificación de los criterios de utilización del Fondo de Reserva, que arriesga su viabilidad futura. Esta medida va a perjudicar a más de 8 millones de pensionistas y tendrá efectos negativos en el retraimiento del consumo de este colectivo social y por tanto en la actividad económica y en el empleo. Tampoco se puede olvidar que las pensiones son en el caso de muchas familias el único o el más estable ingreso y son, por tanto, un instrumento de solidaridad familiar ante la crisis y el paro. Esta no revalorización afecta de manera muy especial a las mujeres cuyas pensiones son claramente inferiores.

Este nuevo incumplimiento electoral del Gobierno, es un nuevo motivo para exigir la celebración de un referéndum, como viene pidiendo la Cumbre Social y por ello nos comprometemos a impulsar en las próximas semanas la campaña de explicación de esta exigencia y la recogida de firmas; para reforzar esta iniciativa se realizara próximamente un debate especifico en el seno de la Cumbre.

La Cumbre social valora muy positivamente y apoya las diversas movilizaciones sectoriales que se están produciendo en toda España, así como las que están convocadas para los próximos días y semanas.

Por último, la V Cumbre Social acuerda la convocatoria de manifestaciones en toda España el día 17 de diciembre en respuesta a la no revalorización de las pensiones y a las demás medidas antisociales que sigue aprobando el Gobierno, tasas judiciales, propuestas de privatización en la sanidad, recortes educativos

La Cumbre Social seguirá impulsando amplias movilizaciones sociales en respuesta a los recortes sociales y apoyando las que se realicen por los diversos sectores. Asimismo, se sumará a las movilizaciones que a finales del mes de marzo tiene previsto convocar  la Confederación Europea de Sindicatos en toda Europa.

Twitter: @SocialcumbreS | #17D | #defiéndete

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