Manifiesto contra la impunidad. Por la justicia universal.
abraham. | 14 Jul 2009
Esta bitácora se adhiere a este manifiesto presentado esta mañana, aquí en España, por: ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, CCOO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide.
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Las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos
Manifestamos que el día 19 de mayo de 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional”, y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.
Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional u otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.
Con esta decisión no se ha tenido en cuenta: que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.
Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los Estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.
Que, lamentablemente, la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derecho internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.
Que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir.
Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley, en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que, asimismo, en la sentencia de la causa Scilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).
Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar a los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo, contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.
Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.
Por todo lo anterior, decimos: que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los Estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.
Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.
Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.
Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de los Estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.
Por todo ello: deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.
Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.
Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.
Solicitamos, por tanto, al Senado español que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.
Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.
Julio de 2009
[...] en otromundoesposible y [...]
Valiente lucha de los trabajadores, en este momento de crisis, y como siempre el abuso del poder, que paguen los que trabajan. Lo sucedido en Honduras no se puede pasar por alto, y la impunidad de estos terroristas, defendiendo las multinacionales y el capital, en deprimento de los habitantes del mundo
Carta a los herederos de Lorca
Desde el fusilamiento de Federica García Lorca en la madrugada del 19 de Agosto de 1936, sus familiares y herederos han sido colaboradores necesarios, para que la niebla permanezca sobre todos y cada uno de los eventos que, a través del tiempo recomponen este trágico hito. Aquellos que tenemos una edad que nos permite haber observado su comportamiento, desde los primeros pasos del franquismo hasta nuestros días, comprobamos que han ejercido un pacto de silencio que parece negaran hasta la propia existencia de Lorca. Fue el irlandés Ian Gibson quien aclaró no pocas lagunas urdidas por quienes ganaron la guerra; la Falange, la derecha, la Iglesia, los militares y la Guardia Civil. En el año 1971 pude comprar en París y traer clandestinamente a España, el libro de este hispanista nacionalizado español. “La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Gracia Lorca”; editado por Ruedo Ibérico. La familia del poeta no fue precisamente los que aportaron más información y jamás han defendido y mucho menos denunciado lo que los falangistas hicieron con su hermano y tío. Lo más que han hecho es gestionar la fundación Casa Museo de Federico García Lorca, en Fuentevaqueros (Granada), su ciudad natal. A cuyo archivo y legado, mi familia ha contribuido con un ejemplar rotulado a mano del “Romancero Gitano” y divulgado clandestinamente en las cárceles franquistas. Este libro está firmado por Luis Alejos con ilustraciones de Georges Laporte. Miles de iniciativas y aportaciones como esta, configuran la inquietud que despertó su trágica muerte. El comportamiento de la familia de Lorca ante la Ley de la Memoria Histórica, es la gota que completa el vaso de la paciencia de cualquier ciudadano. Aunque legalmente puedan vetar todas las acciones para recuperar la propia dignidad del autor de “La Casa de Bernarda Alba”, es incomprensible que quieran ejercer de propietarios absolutos de quien ya es patrimonio de la humanidad. Uno de los más grandes poetas en lengua castellana, tiene derecho como cualquier ser humano a que identifiquen sus restos y darle una sepultura digna. Y no permanecer por más tiempo en los cementerios de los animales. Ha llegado la hora de decir a esta familia que Lorca no les pertenece y que ellos son responsables de propiciar todas las oportunidades para esclarecer la verdad y poder encontrar e identificar sus restos. La oscura manera que tienen sus familiares de honrar su menoría, ofende al poeta y al mundo entero. ¿No se dan cuenta que con la negativa de ceder su ADN, están aceptando y apoyando la postura de la derecha española, que torpedean la Memoria Histórica? Si su cuerpo no se identifica, pueden decir que hasta es un desaparecido y no un fusilado. Una duda me persigue desde siempre ¿Por qué esta negación a que todos sepamos la verdad? ¿Qué tienen que ocultar?
Señor Zapatero, ¡NO!
Estoy totalmente de acuerdo con los jueces de la Audiencia Nacional en rechazar el acuerdo que, increíblemente, han llevado a cabo el PSOE y el PP. Mutilar la jurisprudencia universal de la justicia española es globalizar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad. Este disparate supone: Abandonar el liderazgo español en este campo; Ceder terreno a la derecha española gratuitamente; Asumir las tesis del estado hebreo, abandonando a su suerte a los palestinos, victimas eternas del sionismo. Dar marcha atrás ante los desmanes de Bush en Guantánamo. Miedo al gigante asiático para que siga con los atropellos fuera y dentro del Tíbet. Y así sucesivamente… Este nefasto acuerdo hace saltar por los aires, desde el llamado talante de Zapatero, hasta su optimismo frente a la crisis y sus políticas progresistas. Siempre al lado del más débil. Desde la transición hasta ahora, se han hechos concesiones a los vencedores de la Guerra Civil. A la derecha de toda la vida. Empezando por Felipe González y por supuesto Adolfo Suárez. Ahora se está notando que gobierna la izquierda. Si al final este atropello se consuma, al señor Zapatero le van a faltar argumentos para convencer a la ciudadanía y perderá mucho apoyo. Este es el precio que se debe de pagar por la ausencia de una diplomacia con mayúscula del señor Moratinos. Este pacto está escrito al dictado del gobierno de Tel Aviv . La idea de llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional, es la única esperanza que nos queda a los que creíamos en el progresismo de Zapatero.