Una medida de carácter histórica, conciliadora con el tormentoso pasado, justa y consecuente es la que hace unos días, anunciaban desde El Salvador. Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe 37/00, caso 11.481 respecto al asesinato, en 1980, de Monseñor Oscar Romero y Galdámez, han sido asumidas por el Presidente Funes.

«La CIDH concluye que el Estado salvadoreño ha violado el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en perjuicio del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Romero y Galdámez. En virtud de la actuación indebida de sus órganos para la administración de justicia, el Estado ha faltado igualmente a su obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones denunciadas, así como a su obligación de procesar y sancionar a los responsables a través de un proceso imparcial y objetivo como lo exige la Convención Americana. Todo ello afectó la integridad del proceso judicial e implicó una manipulación de la justicia con un evidente abuso y desviación de poder. El resultado es que estos crímenes permanecen hasta el día de hoy en la impunidad ante una evidente denegación de justicia.  El Estado ha violado, además, en perjuicio de los familiares de la víctima, el derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva establecido en los artículos 1(1), 8(1) y 25 de la Convención.

Como consecuencia de la sanción de la Ley de Amnistía General, el Estado ha violado el artículo 2 de la Convención Americana. Además, a raíz de su aplicación al presente caso, el Estado ha violado el derecho a la justicia y su obligación de investigar, procesar y reparar establecidos en los artículos 1(1), 8(1) y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de Monseñor Romero y de los miembros de la comunidad religiosa de la víctima. El Estado ha violado igualmente el derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de Monseñor Romero, de los miembros de la comunidad religiosa a la que la víctima pertenecía, y de la sociedad salvadoreña en su conjunto.

Recomendaciones. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión reitera al Estado salvadoreño las siguientes recomendaciones:
1. Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones establecidas en el presente informe, sin perjuicio de la amnistía decretada.
2. Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización.
3. Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General.»