Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la pobreza y sus causas han remitido una carta abierta al Secretario General de las Naciones Unidas, que resume en estas cinco notas:

I. Se agrava el problema en España. Aumentan las personas en situación de exclusión y pobreza. Cerca de 12 millones y medio de personas , el 26,9% de la población según los datos del INE de 2011.

II. Solicitan crear un Comité Internacional Permanente para seguir actuando ante la demanda de millones de personas que exigen respuestas: @pobrezacero!

III. Exigen una estrategia clara, con mayor voluntad y compromisos políticos que aborden «el mayor problema que afronta el mundo en la actualidad».

IV. Consideran que las personas deberían estar en el centro de las políticas públicas, reclamando una reorientación económica, regulación financiera y medioambiental. Con medidas como: creación de sistemas fiscales eficaces y distributivas  que garanticen recursos para derechos sociales, económicos, culturales y políticos. El Impuesto a las Transacciones Financieras especulativas a nivel global. La lucha contra los paraísos fiscales, la corrupción y la malversación o la revisión de la deuda.

V. Erradicar la pobreza es una obligación política de los Estados y una cuestión de justicia.

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■ El texto íntegro de la carta puedes leerlo en la web de la Alianza Española contra la Pobreza

Francesc J. Hernàndez | @FrancescJhdez

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hará que usted pierda dinero, porque, en definitiva, favorece la privatización de la Educación.

Si usted es la madre o el padre de alguno de los dos millones y medio de niños y niñas que cursan enseñanzas no universitarias de régimen general en centros privados, la factura le cuesta cada vez más cara. Quizás no lo ha calculado, pero las cuotas que usted paga han crecido en la última década muy por encima del IPC o del incremento de la partida de los presupuestos familiares dedicada a la enseñanza (que, para el conjunto de la población española, ha sido del 2,3% anual). Para usted, la factura del centro privado ha subido a razón del 6,7% anual. Se ha pasado de una cuota media por alumno de 800 euros en el curso 1999/2000 a 1.530 en el curso 2009/2010. Y usted sabe que las cuotas no son la única contribución que debe hacer. Al privilegiar a los centros privados, por ejemplo con convenios plurianuales o permitiendo el concierto educativo en centros con segregación en razón de sexo, la LOMCE relaja los controles públicos y favorece aumentos de cuotas como el mencionado.

Si, por el contrario, usted es la madre o el padre de alguno de los casi cinco millones y medio de niños y niñas que van a la escuela pública, tal vez pensará que la subida de las cuotas de los centros privados no le afecta. Se equivoca, porque la condición de los beneficios privados es precisamente la degradación del servicio público. La LOMCE favorece la degradación con un sistema de pruebas diagnósticas, reválidas y evaluación de los centros con resultados públicos que, en combinación con la deszonificació escolar (que ya han iniciado los gobiernos autonómicos populares), tiene un efecto nocivo para los centros públicos, como ha demostrado la experiencia de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde también se invocaban los principios de “rendimiento de cuentas y elección” (accountability and choice). ¿Cuál es la consecuencia? Los padres y madres que se lo pueden permitir, evitan los centros públicos peor valorados trasladando a sus hijos, lo que anima procesos de guetización y el vaciamiento de las escuelas públicas, mientras que los centros privados ven como se incrementa la demanda, pueden seleccionar más eficazmente y, con clases más saturadas (como permite la LOMCE), multiplican las ganancias.

Por último, quizás usted no tiene niños o niñas que vayan a la escuela. Pues la nueva ley también le hace perder dinero, porque no debe olvidar que el 58% de los ingresos de los centros privados son transferencias de dinero público, que derivan de los impuestos que usted y yo pagamos. Y como ya supondrá, la cantidad que ha ido a las arcas de las empresas de enseñanza ha aumentado vertiginosamente. Entre el curso 1999/2000 y el 2009/2010, el alumnado en centros privados se ha incrementado a razón de un 1,1% anual, pero el dinero público que le llegaba cada año ha aumentado un 7,8% anual. Son generosos con nuestro dinero. Por ello, usted perderá dinero con la LOMCE.

@FrancescJHdez | Vía Levante-EMV (09.05.2012)

Si digo «éxito educativo», usted pensará «Finlandia». Ciertamente, esta república de cinco millones de habitantes obtiene los mejores resultados en las pruebas PISA, pero sólo el 84% de su gente entre 20 y 24 años tiene finalizada la educación secundaria superior (bachillerato o ciclos formativos de grado medio). En nuestro caso, el porcentaje es muy bajo, del 61%. Pues bien, en lugar de Finlandia, voy a proponerle otro país como sinónimo de «éxito educativo»: Eslovaquia. Este país centroeuropeo, también de cinco millones de habitantes, tiene el porcentaje mayor de toda la Unión Europea de población entre 20 y 24 años con la educación secundaria superior finalizada: el 93%.

¿Por qué Eslovaquia ha conseguido estos resultados tan envidiables? Si analizamos sus datos educativos veremos que las calificaciones de sus estudiantes  en las pruebas PISA son muy parecidas a las del nuestro. Eslovaquia: 488 puntos; aquí: 484. Por lo tanto, ahí no puede estar la diferencia. Buscamos otras razones. Aquí, casi todos nuestros niños y niñas están escolarizados a los cuatro años, mientras que allí sólo lo está un 75%. La duración probable de la escolarización es aquí de 17 años, mientras que en Eslovaquia es de 16,5. Por tanto, tampoco, no parece que los altos porcentajes de juventud con formación derivan de estudiar más o pasar más tiempo en la escuela. Usted se preguntará: ¿son el dinero invertido? Pues, tampoco. El gasto medio por estudiante en Eslovaquia es de unos 3.500 euros, la nuestra es casi de 7.000 (no entramos ahora en cómo se gastan aquí el dinero).

¿Dónde está el secreto? Claro y raso: en la igualdad entre sus habitantes. Los países que, como Eslovaquia, tienen más igualdad interna también presentan más población joven con la secundaria superior cursada. La correlación entre los indicadores de igualdad y el porcentaje de jóvenes con estudios secundarios superiores finalizados es elevadísima, entre el 71% y el 80%. Ninguna otra variable didáctica presenta correlaciones tan elevadas. Es por ello que otros países con una notable igualdad interna, como Eslovenia, la República Checa o Dinamarca, también obtienen porcentajes elevados de juventud con la secundaria superior finalizada. Los porcentajes más bajos, sin embargo, los presentan aquellos países con índices de desigualdad mayor, como es el caso de Portugal o España, que están, recordemos, entre los países más desigualitarios de la Unión Europea.

Señoras y señores, los datos son irrefutables. Si un gobierno quiere tener mejores resultados educativos, debe afanarse en construir una sociedad más igualitaria, que es justo lo contrario de lo que hacen por aquí. La política del PP de favorecer a los grandes capitales o perdonar impuestos a los ricos mientras que rebaja salarios y sube impuestos a la clase trabajadora y los pensionistas, incrementa las desigualdades y hace prever que continuaremos yendo muy por detrás también en educación y formación. ¡Basta de improvisar reformas educativas, culpabilizando al profesorado y al alumnado! Lo que hace falta es reducir las desigualdades sociales. Por lo tanto, si usted escucha “éxito escolar” pienso en Finlandia, o mejor en Eslovaquia, pero olvídese de nuestro país mientras continúan estas políticas.

La propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES – @etuc_ces)  para abrir el debate sobre la constitución de un nuevo contrato social para Europa, está basada en estos tres pilares:

■ Negociación colectiva y diálogo social | La negociación colectiva libre y el diálogo social son una parte fundamental del modelo social europeo. Ambos deben garantizarse a nivel europeo y nacional. Cada Estado miembro debería poner en práctica las medidas de apoyo necesarias; Debe respetarse la autonomía de los interlocutores sociales a nivel nacional y europeo, así como su papel y lugar; no debe haber intervención unilateral por parte de las autoridades públicas en la negociación colectiva o en los convenios colectivos existentes; y debe maximizarse la cobertura de los trabajadores mediante convenios colectivos; Es esencial la implicación efectiva de los interlocutores sociales, desde la fase de diagnóstico, en la gobernanza económica europea y los planes nacionales de reforma. Los esfuerzos para adaptarse a las circunstancias cambiantes deberían ser proporcionados a los recursos de las personas y no ser asumidos solo por los trabajadores y sus familias.

■ Gobernanza económica para un crecimiento y empleo sostenibles | Medidas urgentes para poner fin a la crisis de la deuda soberana y otorgar al BCE el papel de prestamista de último recurso, permitiéndole así emitir Eurobonos. En colaboración con los interlocutores sociales se deben examinar, aprobar y controlar programas de crecimiento adaptados a cada país; Políticas europeas para la industria y la inversión para responder a los desafíos económicos y medioambientales; debería darse prioridad a las inversiones en infraestructuras sostenibles, investigación y desarrollo, tecnología climática y recursos renovables. Estas inversiones no deberían estar incluidas en el cálculo de los déficits públicos; Normas para garantizar un sector financiero regulado, sólido y transparente al servicio de la economía real; Deberían dedicarse a fines sociales y medioambientales, recursos extra generados a partir de una mejor utilización de los fondos estructurales europeos, del Banco Europeo de Inversiones, de bonos para proyectos, y de un impuesto sobre las transacciones financieras diseñado adecuadamente; Poner fin a la presión de la UE para la liberalización de los servicios públicos que son responsabilidad nacional; Salarios decentes para todos, para contribuir al crecimiento y a la demanda interna; Una “garantía para jóvenes” para que todos los jóvenes en Europa tengan acceso a un empleo decente, o a formación adecuada, en un plazo de cuatro meses a partir del momento en que se inscriben en el desempleo o de haber abandonado la escuela; Medidas para mejorar la calidad del empleo y combatir el empleo precario; luchar contra los abusos en materia de contratos a tiempo parcial, contratos temporales y de duración determinada; Políticas activas del mercado de trabajo incluyendo iniciativas para apoyar a las personas con pocos, o ningún vínculo con el mercado laboral.

■ Justicia económica y social | Una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza, y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado; Una actuación decidida contra la especulación; Medidas eficaces para garantizar la igualdad salarial y la igualdad de derechos por un trabajo de igual valor para todos; los acuerdos colectivos y de salarios iguales deberían aplicarse para todos con independencia del tipo de contrato, en particular en el caso de un mismo lugar de trabajo; Puesta en marcha de políticas para terminar con la brecha salarial entre hombres y mujeres; El establecimiento de los salarios debe seguir siendo competencia nacional y debe abordarse según las prácticas y los sistemas de relaciones laborales nacionales. Las negociaciones entre los interlocutores sociales al nivel correspondiente son el mejor instrumento para garantizar buenos salarios y condiciones de trabajo correctas; el salario mínimo legal, en aquellos países donde los sindicatos lo consideren necesario, debería incrementarse de manera sustancial. De cualquier manera, todos los mínimos salariales deben respetar las normas del Consejo de Europa relativas a salarios justos; La armonización de la base imponible de las empresas y los tipos mínimos de imposición para las empresas, con una posible introducción de un tipo mínimo del 25%, que es el nivel impositivo medio actual en Europa.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES – @etuc_ces) ha convocado para el #14nov2012, la Jornada Europea de Acción y Solidaridad con el lema: Por el empleo y la solidaridad en Europa. No a la austeridad.

Las propuestas recogidas en su manifiesto son:

■ Una gobernanza económica al servicio del crecimiento sostenible y el empleo de calidad;

■ Justicia económica y social mediante políticas de redistribución, impuestos y protección social;

■ Garantías de empleo para los jóvenes;

■ Una ambiciosa política industrial europea dirigida hacia una economía verde, baja en carbón con miras a sectores con oportunidades de empleo y crecimiento;

■ Una lucha más intensa contra el dumping social y salarial;

■ Puesta en común de la deuda mediante eurobonos;

■ Aplicación efectiva de una tasa sobre transacciones financieras para atajar la especulación y permitir políticas de inversión;

■ Armonización de la base fiscal con una tasa mínima para empresas en toda Europa. Un esfuerzo enérgico para combatir el fraude y la evasión fiscal;

■ Respeto a la negociación colectiva y al diálogo social;

■ Respeto a los derechos sociales fundamentales y sindicales.

En twitter #14nov2012

Declaración de la IV reunión de la Cumbre Social.

Las políticas de ajuste han fracasado. Europa se ha equivocado en esta crisis. Y España se ha equivocado acatando las políticas europeas. Solo desde la más absoluta ceguera, desde el más completo cinismo, o desde intereses encubiertos podría negarse el fracaso de unas políticas certificado por datos económicos de todas las procedencias, y respecto a todos los campos de la economía, la justicia social y el bienestar público.

Las políticas de ajuste han inducido —especialmente en algunos países del sur de Europa— un estado de máxima gravedad, en la economía, la sociedad yla democracia. Los dirigentes políticos, y de manera singular, los españoles, han generado una situación que es más que injusta; responde a una conducta indecente, porque provoca de forma programada la progresiva eliminación del derecho del trabajo, el empobrecimiento masivo de la población y el desmantelamiento de los mecanismos y redes de protección social que esa misma población paga con sus impuesto, (un cuarenta por ciento menos de presupuesto en servicios sociales este año para ocho millones de personas, un veinte por ciento más que el año anterior, en un proceso de degradación en el que destaca la demolición encubierta de la Ley de Dependencia), es una conducta repulsiva que debe ser debidamente denunciada y merecedora de una movilización contundente.

Sí, hay alternativas. Las políticas de ajuste económico deben ser sustituidas de forma urgente por otras destinadas a fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Los últimos años son la prueba más evidente de que no se puede reducir el déficit sin crecimiento económico y sin creación de empleo.

Las organizaciones integrantes de la Cumbre Social (@SocialcumbreS) consideramos que las políticas que estamos sufriendo merecen de una respuesta general y contundente; por eso respaldamos a las organizaciones sindicales en la convocatoria de una Huelga General con la que exigir al Gobierno de España un cambio radical en sus políticas para que éstas apuesten por el crecimiento económico, la creación de empleo, la restitución de los derechos laborales eliminados por la reforma laboral, así como de los servicios y prestaciones públicas, y por una ambiciosa reforma fiscal basada en la equidad y la suficiencia, para que el Estado disponga de los recursos necesarios que demandan las políticas públicas.

Estamos ante un conflicto que no es únicamente laboral. Las consecuencias de las políticas que se están llevando acabo perjudican a toda la sociedad; solo se salvan, o incluso medran con la crisis, las élites económico-financieras, por tanto toda la sociedad está llamada a implicarse en la movilización. No olvidemos, por ejemplo, a los profesionales y trabajadores autónomos del sector agrario, hombres y mujeres del campo, que conforman un modelo social de agricultura, vital para garantizar la sostenibilidad alimentaria y del medio rural, y que está siendo desmantelado como consecuencia de los recortes indiscriminados y la aplicación de políticas favorecedoras de los mercados especulativos.

Respaldamos asimismo, que esta huelga general forme parte de una movilización conjunta de los trabajadores europeos contra los gobiernos e instituciones que instrumentalizan la Unión Europea y pretenden dividir a sus ciudadanos con egoísmos tan primarios como falsos: saben los ciudadanos de cualquier rincón de Europa que hay más garantías de empleo, protección social y calidad e vida en la cooperación con sus vecinos que en la ruina de los mismos.

Exigimos del Gobierno español, a los dirigentes políticos de nuestro país, y al conjunto de las fuerzas políticas que combatan el descrédito en el que está anegada la vida pública español, actuando de manera democrática frente a los problemas que afectan a los ciudadanos españoles. No aceptamos que el desempleo, la rebaja salarial generalizada, el empobrecimiento masivo, la exclusión social o la eliminación de servicios públicos sea la única política frente a la crisis, porque no lo es.

Si no actuamos para cambiar esta tendencia, la situación continuará empeorando. Es insostenible un país con el veinticinco por ciento de su población en desempleo, y sin perspectivas de futuro. Frente a ese determinismo inaceptable nos hemos movilizado, y seguiremos haciéndolo con la convocatoria de esta huelga general.

Twitter: @SocialcumbreS | @hg14n | #14N |

Estudio “Trabajadores pobres y empobrecimiento en España” realizado por Jorge Aragón, Jesús Cruces, Luis de la Fuente, Alicia Martínez, Amaia Otaegui y Elvira S. Llopis. Destaco algunas de las demoledoras conclusiones:

■ El acceso al empleo ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza.

■ En el proceso de empobrecimiento (…)  está asociado fundamentalmente a la precariedad laboral y socioeconómica.

■ Las erróneas e injustas medidas tomadas –laborales, de protección social y recorte de servicios públicos– contribuyen al incremento de trabajadores y trabajadoras pobres.

■ Consolida procesos irreversibles: la malnutrición infantil, la insalubridad de las condiciones de vida, la reducción de la atención y cuidado de la salud, la atención descualificada de las personas en situación de dependencia, la deprivación cultural…

■ El crecimiento económico de los últimos años no ha sido capaz de reducir las tasas de pobreza por debajo de la media europea, y ha configurado un mercado de trabajo, un modelo productivo y un modelo social muy vulnerables a los cambios de ciclo y que ha saltado hecho añicos al estallar la crisis.

■ Se está produciendo una fuerte presión a la baja de las condiciones laborales de la población trabajadora. La alta precariedad del empleo, que sigue siendo una característica del mercado de trabajo en España, la reducción de los salarios o la prolongación de la jornada de trabajo son algunos de los elementos que ponen de relieve esta tendencia. A ello se añaden los cambios que se están produciendo en el marco de relaciones laborales de España, que modifican sustancialmente las relaciones de poder y los ámbitos y capacidad de la negociación, (dando más poder al empresariado), y con ello, obstaculizan la capacidad de asegurar la calidad de trabajo y de vida de las personas.

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Jürgen Habermas | Peter Bofiger | Julian Nida-Rümelin | Frankfurter Allgemeine Zeitung, vía @El_Pais

La crisis del euro refleja el fracaso de una política carente de perspectiva. Al Gobierno alemán le falta el valor para superar un status quo que se ha hecho insostenible. Esa es la causa de que, a pesar de amplios programas de rescate y cumbres sobre la crisis que a estas alturas ya son casi incontables, la situación de la Eurozona haya empeorado continuamente a lo largo de los dos últimos años. Sobre Grecia, tras la debacle económica, pende la amenaza de la salida del euro, que iría vinculada a una imprevisible reacción en cadena en el resto de los Estados miembros. Italia, España y Portugal han caído en una grave recesión que constantemente empuja al alza el paro. El desfavorable desarrollo coyuntural de los países con problemas empeora la situación —de todos modos inestable— de la banca, y la creciente inseguridad respecto al futuro de la unión monetaria hace que los prestamistas cada vez sean más reacios a conceder crédito a los países con problemas. Los intereses crecientes de la deuda pública, pero también la difícil situación económica, dificultan a su vez los procesos de consolidación, que en cualquier caso no son sencillos.

Esta desestabilización que se potencia a sí misma se puede atribuir, en lo esencial, a que las estrategias para la superación de la crisis no han traspasado el umbral de profundizar las instituciones europeas. El hecho de que no haya hecho más que agudizarse —durante estos años en los que se han ensayado soluciones graduales mal concebidas— pone de manifiesto la falta de capacidad para fijar el rumbo político.

No obstante, la justificación de dar un gran paso hacia la integración no deriva únicamente de la crisis actual de la Eurozona, sino también, y en igual medida, de la necesidad de, mediante una autocapacitación de la política, volver a meter en cintura el desorden del fantasmal universo paralelo que los bancos de inversión y fondos de riesgo han construido al lado de la economía real, productora de bienes y servicios. Las medidas que se requieren son patentes. Pero no se ponen en marcha porque, por un lado, su implementación en el marco de los Estados nacionales tendría consecuencias contraproductivas y, por otro, porque las intenciones regulatorias acordadas en 2008 en la primera cumbre del G-20 en Londres requerirían una actuación coordinada en un nivel mundial que hasta el momento ha fracasado por la fragmentación política de la comunidad de Estados.

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Manifiesto social y sindical contra los recortes

Para este gobierno no hay límite en los recortes. Los aprobados en el Consejo de Ministros del 13 de julio no serán los últimos. Quieren acabar con todo. Y lo quieren hacer a costa de los de siempre: personas en paro, empleadas y empleados públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes. En su agenda de recortes no figuran las grandes corporaciones empresariales o las rentas más altas. No conviene molestar a los amigos.

En el Congreso de los Diputados, primero, y en Consejo de Ministros, después, el Gobierno ha aprobado el mayor paquete de recortes que se recuerda en democracia. Una agresión sin precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino a los fundamentos de la Constitución, y a la propia democracia. Una agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas que ha de tener la respuesta social y sindical adecuada.

El presidente del Gobierno presumió hace tan solo unas semanas de no dejarse presionar por los mercados financieros y las autoridades comunitarias. “En todo caso, he sido yo el que los ha presionado a ellos”, respondió ufano a las preguntas de los informadores. Su cinismo es insuperable. En poco más de quince días, ha acudido raudo a cumplir con las exigencias de Bruselas y ha precipitado la aprobación de cuantos recortes le han indicado, sin que se resquebrajen sus convicciones morales. Al contrario, si nos atenemos a la puesta en escena de las medidas anunciadas -sonrisa, aplausos de la bancada de la derecha y vulgares desprecios de la diputada Fabra incluidos- cabe deducir que, además de sentido de la justicia, a este Gobierno le hace falta una buena dosis de humildad y sensibilidad hacia los sectores más débiles de la sociedad.

De su paquete de recortes, únicamente se salvan los poderosos. Justamente aquellos que más deberían contribuir a superar la crisis y hacer frente a la situación que estamos viviendo. Personas en paro, asalariados, empleadas y empleados públicos, pensionistas, y personas dependientes han sido siempre el blanco preferido del Ejecutivo. Y en esta ocasión no iba a ser menos. El Gobierno vuelve a cargar contra la función pública, a cuyos trabajadores criminaliza, no sin antes eliminar su paga de navidad y reducir sus días de libre disposición; hace más
difícil la vida a las personas en paro, recortando sus prestaciones cuando más lo necesitan y empujando a muchas de ellas a la exclusión social y la pobreza; anuncia inminentes recortes en el sistema público de pensiones; y en su particular agenda de políticas antisociales, asesta un casi definitivo golpe a las personas dependientes y a quienes les atienden.

Por si ello resultara insuficiente, el Gobierno confirma el desmantelamiento de las empresas públicas, aplica una nueva revisión de las tarifas energéticas y baja dos puntos las cotizaciones sociales a los empresarios, lo que afectará a la viabilidad del sistema público de pensiones, algo que quizás pretendan equilibrar -que cruel sarcasmo- con los recortes anunciados a los futuros pensionistas.

En este contexto, la decisión de incrementar el IVA, un impuesto muy injusto porque grava igual a rentas bajas que altas, contraerá aun más el consumo y prolongará la recesión económica. Y la pregunta es inevitable: ¿Para qué elegimos un Gobierno que se saca de la manga un programa oculto y estafa así a la ciudadanía? ¿Qué nos va a quedar del estado social?

Llueve sobre mojado. Desde el primer día, este Gobierno no ha parado de decretar recortes, de despreciar las alternativas del movimiento sindical. Ha gobernado a golpe de decreto lo que deriva en un creciente deterioro de las instituciones democráticas. Invaden la autonomía municipal y las competencias de CCAA, sin importarles el descrédito de la política y la democracia, objetivo que tanto gusta a un sector de la derecha más extrema. Estas medidas vienen a sumarse a la reforma laboral que vulnera la negociación colectiva, recorta derechos y facilita aun más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero la economía sigue estancada y la recesión más fuerte que nunca. Con estas medidas, la situación económica empeorará y el paro superará los 6 millones de personas a finales de 2012.

Recurriremos a todos los instrumentos legales a nuestro alcance para responder a estas medidas. Antes de que acabe el mes de julio celebraremos una Cumbre Social y Sindical para decidir el calendario de movilizaciones. Convocaremos acciones concretas y sectoriales; implicaremos a todos los colectivos que sufren los recortes; haremos confluir la movilización laboral y ciudadana; prepararemos una gran marcha sobre Madrid en septiembre; emplazaremos al Gobierno para que celebre un referéndum a fin de que trabajadores y ciudadanos se pronuncien sobre los recortes; si rechaza la iniciativa será el movimiento social y sindical el que organice una consulta popular, y de acuerdo con el resultado, active la respuesta de movilización más adecuada.

Ante la decisión del Gobierno de desmantelar el Estado de bienestar, no vamos a permitirlo, no van a cesar las movilizaciones. Hay otra política, han de pagar los que más tienen.

Twitter #19J #somosmas #alacalle

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“Si hubiéramos ahorrado más y tomado prestado menos del exterior, habríamos sufrido menos” dice Zapatero, exbambi.

• Era el principal responsable de evitar el sufrimiento al que hace referencia.
• Alardeaba de estar en la champion leage de la economía mundial.
• Vacilaba de haber superado a Italia en el ranking de riqueza mundial.
• Intentó hacernos creer la falacia que “bajar impuestos era de izquierdas”. Los bajó, dejando de ahorrar.
• Derrochó dinero  a raudales con medidas fiscales populistas para conseguir un puñado de votos.

La afirmación está incluso mal formulada. Debería de haber admitido que, bajo su mandato, no aplicó políticas económicas de izquierdas que redistribuyeran mejor la riqueza y fomentaran el ahorro y la inversión productiva.