| Luis Hernández Navarro | La Jornada

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

La actual estrategia de comunicación gubernamental se inscribe en la arena de la “guerra de redes” (netwar). Según los analistas de la RAND, Arquilla y Ronfeldt, “Netwar se refiere a conflictos relacionados con la información en un nivel alto entre naciones o sociedades. Significa tratar de alterar, dañar o modificar lo que una población objetivo sabe, o piensa que sabe, acerca de ella misma y el mundo que la rodea. Una ‘guerra de redes’ puede enfocarse en la opinión pública, de las elites, o en ambas. Puede incluir medidas diplomáticas públicas, propaganda y campañas sicológicas, subversión política y cultural, engaños a, o interferencia con los medios, infiltración en redes de computadoras y bases de datos y esfuerzos para promover movimientos disidentes u opositores mediante redes de cómputo”.

Esto es precisamente lo que el Estado mexicano ha hecho durante las semanas recientes en el estado sureño. La lista de provocaciones es enorme: detención y asesinato de opositores sociales, promoción de una campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo divulgando falsamente una solicitud de apoyo económico de las juntas de buen gobierno hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal e incremento de la presencia militar. Todo ello montado en una campaña en medios de comunicación para ocultar los hechos, a pesar de las evidencias.

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